Hoy celebramos la festividad del Día de Difuntos (aunque en las calles me encuentro decenas de
niñas vestidas de bruja diciendo que son amigas del diablo). En cualquier caso,
el ambiente luctuoso parece extenderse a todos los ámbitos.
Desde hace meses, la idea de la muerte de nuestra
democracia, la muerte de la Constitución
de 1978, la desmembración o disolución del estado, se extiende como la
pólvora. En la anterior entrada se habló de la muerte del voto como instrumento
de la democracia representativa, y se insinuó la necesidad de avanzar mediante
una nueva concepción del voto o de la libre participación del pueblo hacia una
democracia directa. Tal idea, que parecerá extravagante a algunos, no es tan
extraña; se practica parcialmente en países tan solventes como Suiza.; incluso en Estados Unidos, el paradigma en Occidente de la democracia
representativa, existen fórmulas, como los
“town meetings”, en la mayoría de los estados, que permiten la toma directa
de decisiones por parte del ciudadano. En la era de la eclosión de las redes
sociales, es inaudito que muchos estados del mundo desarrollado sigan
sumergidos en la limitación de la democracia representativa, recortando,
impidiendo u ocultando las posibilidades que las propias constituciones dejan
en sus artículos a la participación activa del pueblo.
La citada Constitución
Española del 78, esa misma que bajo la excusa de su propia protección ha
sido vejada y pisoteada en los últimos años, contempla en su artículo 23.1 el
derecho de los ciudadanos a la participación directa en los asuntos políticos
como alternativa al modelo representativo. El olvido de este artículo y del
propio preámbulo de la Constitución
ha permitido encastillarse al actual gobierno del PP en una negativa constante
a consultas de variado color desde Comunidades
Autónomas tan dispares como Cataluña
o Canarias. El tema está demasiado
presente en los medios de comunicación como para que abundemos en él. Las
consultas ciudadanas no vinculantes deben ser permitidas porque el espíritu de
la Constitución Española así lo
exige, y porque están reflejados en sus títulos. Que estemos o no de acuerdo
con lo que se vota o propone a modo de consulta, referéndum o plebiscito es
siempre secundario. Se habla desde el gobierno de dejar en suspenso tal o cual
consulta mientras el Tribunal
Constitucional decide, se habla de votos antidemocráticos, en una de esas
increíbles paradojas que vimos en nuestra anterior
entrada, reflejo del amor-odio que los perseguidores del poder tienen hacia
el sistema que les permite obtenerlo.
Todo argumento es baladí, todo carece de sentido, toda
defensa, por parte del gobierno, de nuestra moribunda democracia es una farsa,
un simulacro más.
Lo cierto es que la
Constitución Española permanece realmente en cuerpo presente, en animación
suspendida, desde que en agosto de 2011 los dos partidos mayoritarios, con
extremadas prisas y un antidemocrático golpe de estado neoliberal entre las
manos, forzaran la modificación del artículo 135 para permitir un límite de endeudamiento
público impuesto por la presión de los mercados. La reforma de este artículo
cambiaría radicalmente el espíritu de nuestra constitución, garante de un “Estado social de derecho”. Después de
2011, este “Estado” se convierte
únicamente en una máquina ciega cuyo objetivo principal es el pago de la deuda
pública. Esto atenta de lleno contra nuestra Constitución, que en el segundo párrafo de su Preámbulo alude a su función de garantía de “un orden
económico y social justo”; desde el inicio, todo queda laminado de cuajo. No en vano, desde entonces España es, junto a Portugal y Grecia, el
estado con menor gasto público social de Europa. Y todo esto sin consulta
alguna a los ciudadanos, negando todo derecho de decisión a los mismos, puesto
que cualquier reforma constitucional se debía hacer bajo referéndum.
Por tanto, hoy por hoy, y como dije en un artículo de hace
justo un año (ver Zombis,
vampiros y otros simulacros democráticos) el Estado Español se ha convertido en un cadáver en animación
suspendida, mesmerizado antes de su propia muerte, que se sostiene por medios
anormales, una cáscara inerte que esconde (y cada día el mal avanza) un
insoportable océano de putrefacción y corrupción. Que sus propios asesinos
pretendan defender esta Constitución Amortajada impidiendo
consultas directas al pueblo, del tipo que sean, es simplemente un sainete.
El giro radical ante esta situación de cuerpo presente se
impone. En todo caso, si no es posible una refundación radical del sistema, se
deben buscar modos participación democrática acordes con nuestro tiempo. Así,
el e-voto, fácil de desarrollar e
implantar siempre que se preserve el anonimato y la seguridad. Plataformas como
Agora Voitng o Appgreee lo hacen posible en pequeños ámbitos. Si no está
institucionalizado ya a nivel estatal es por el miedo que levanta entre nuestra
estirpe (lo prefiero a “casta”) de gobernantes y falsas plañideras que asiste
al entierro de nuestro Estado Social.
Es fundamental la implantación de la “revocatoria”, mediante la cual los ciudadanos por voto directo
pueden destituir a un gobernante que no está cumpliendo con sus funciones. Es posible
que en España, un país con tanto
voto cautivo y con una forma tan conservadora de entender el juego democrático,
esta medida no fuera muy efectiva, pero no teman los asistentes al sepelio, las
encuestas vaticinan que los dolientes aprenden rápido: ningún partido con
ambición de gobierno tendrá nada que hacer si no implementa esta y otras muchas
medidas de democracia directa.
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